El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte Luraghi, sellaron un acuerdo que abrirá las puertas a nuevos proyectos productivos, educativos y laborales dentro del sistema penitenciario.
Este convenio tiene el objetivo de establecer una alianza estratégica que a través de los gremios de la UIP se impulse el desarrollo industrial y fortalezca los programas de reinserción social de personas privadas de libertad (PPL). Se enmarca en el Proyecto de Reinserción, Oportunidades y Avance Transformador “PROA”, marcando el rumbo de un futuro seguro.
Desde la creación de proyectos conjuntos entre gremios industriales y centros penitenciarios, se orientará a la capacitación técnica, prácticas laborales, producción de bienes y servicios, y otras iniciativas que favorezcan la integración social y económica de las personas privadas de libertad.
“Nosotros queremos aliarnos con los grandes, avanzar en grandes proyectos y en la reinserción social, que es el corazón de nuestra misión. La reinserción no termina en conseguir un empleo, va mucho más allá, tiene un impacto profundo en nuestra sociedad. Ahí es donde vemos la gran oportunidad de una alianza público-privada. El sector privado es clave para avanzar en este camino”, expresó Nicora.
Por su parte, el presidente de la UIP, Enrique Duarte, manifestó el compromiso del sector empresarial con el desarrollo inclusivo y la generación de alternativas productivas sustentables:
“Nosotros queremos asociarnos con lo serio, con quienes realmente visten la camiseta del país. Conocemos de cerca todos los sectores de la administración pública y hoy, más que nunca, estamos convencidos de que la reinserción social es posible. Lo estamos viendo, lo estamos construyendo, y sabemos que, con compromiso y alianzas genuinas, podemos lograrlo.”
El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga, y no contempla obligaciones económicas entre las partes, manteniéndose como un acuerdo de cooperación gratuita.
La coordinación operativa estará a cargo de equipos técnicos designados, y se respetarán estrictamente las normativas de protección de datos e integridad institucional, detalló el Ministerio de Justicia.
