El fiscal Silvio Corbeta tiene a su cargo investigaciones a personas con poder político y económico vinculadas, en algunos casos al crimen organizado y en otros, a hechos de corrupción. En la lista figuran el senador colorado, Erico Galeano; el exministro de la SEN, Joaquín Roa; el diputado Esteban Samaniego; el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto; el intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez y su exjefe de gabinete, Wilfrido Cáceres, entre otros. En el Jurado se presentaron ocho acusaciones en su contra, de las cuales 4 corresponden a involucrados en el desvío en la Gobernación de Central, que se unificó en una, según la resolución del órgano juzgador.
DESVÍO EN GOBERNACIÓN DE CENTRAL E INVESTIGACIÓN DEL JURADO DE OFICIO
La causa 154/2023, fue unificada con otras tres acusaciones formuladas por Blas Vicente Oddone Céspedes, uno de los acusados por el desvío de G 18.300 millones de la Gobernación de Central, junto al exgobernador Hugo Javier González Alegre.
Si bien el Jurado tuvo por desistido al recurrente e hizo efectivo el apercibimiento, resolvió iniciar de oficio investigación preliminar previa a pedido del miembro Enrique Berni. Este resaltó que el fiscal Corbeta supuestamente no llamó a prestar declaración indagatoria al denunciante, antes de solicitar una prórroga extraordinaria, de acuerdo a la acusación.
La investigación de oficio se trataría de una maniobra, para buscar “argumento” para remover a Corbeta, uno de los destacados fiscales de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, que además de trayectoria, honestidad, ha demostrado valentía en varios casos.
EX FISCAL RECURRIÓ AL JEM
Otra acusación que soporta el agente fue presentada por el exfiscal Florencio Pereira (expediente JEM 270/2023), por supuesto mal desempeño de funciones, Art. 14 de la Ley 6814, tipificado en los incisos:
b) Incumplir de forma grave o reiterada las obligaciones y garantías previstas en la Constitución Nacional, Códigos Procesales y otras leyes referidas al ejercicio de sus funciones.
g) Mostrar manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes reveladas en juicio, exceptuando a los defensores públicos en lo referente a la parcialidad.
Y el artículo 15 del mismo cuerpo legal, incisos:
b) Inobservar los plazos procesales, causando la prescripción del hecho punible o la extinción de la acción penal.
c) Imputar o acusar a una persona sin que se encuentren reunidos los requisitos exigidos en el Código Procesal Penal o no hacerlo cuando ello correspondiere.
ACUSACIÓN DE MIGUEL PRIETO
La tercera causa en el JEM que pesa sobre Corbeta, es la acusación presentada ─ también contra Alma Zayas ─ por el intendente de CDE, Miguel Prieto, por las sus actuaciones en la causa que soporta por lesión de confianza, causa conocida como “Tía Chela” (N° 4524/ 2020).
Se les atribuye un presunto mal desempeño en sus funciones, por haber presentado imputación supuestamente sin describir los hechos atribuidos a los procesados, además de la ausencia total de enumeración de elementos indiciarios en los que se basa dicho escrito.
EXMINISTRO JOAQUÍN ROA BUSCA SU REMOCIÓN
Corbeta también fue acusado por el exministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa (causa JEM 23/2024), en el marco del proceso que soporta por cohecho pasivo agravado, soborno y lavado de activos proveniente del narcotráfico (derivación del caso A Ultranza PY).
El exministro manifestó que Corbeta transgredió el artículo 14 de la ley especial, incisos:
b) Incumplir de forma grave o reiterada las obligaciones y garantías previstas en la Constitución Nacional, Códigos Procesales y otras leyes referidas al ejercicio de sus funciones.
m) Proporcionar información, formular declaraciones o hacer comentarios a la prensa o a terceros sobre juicios o investigaciones cuyo trámite este a su cargo, cuando ellos puedan perturbar su tramitación o afectar el honor, la reputación o la presunción de inocencia establecida en la Constitución Nacional.
Y el artículo 15, incisos:
b) Inobservar los plazos procesales, causando la prescripción del hecho punible o la extinción de la acción penal.
e) No realizar las diligencias propuestas por alguna de las partes sin hacer constar las razones de su negativa durante la Etapa Preparatoria, o no incorporar injustificadamente los elementos de convicción señalados en el auto de sobreseimiento provisional.
EXJEFE DE GABINETE DE NENECHO
TAMBIÉN QUIERE SACAR A CORBETA
También fue acusado por el exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por supuesta extralimitación y arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, en el marco del allanamiento a una de sus viviendas, en el marco de la cual dispuso el desalojo de su familia.
Según manifestó Cáceres, el desalojo les impidió “retirar enseres de naturaleza personal, míos y de mi familia, sobre los cuales se consagra la calidad de inembargables, ya que a criterio del Ministerio Público y de la Institución administrativa de referencia (SENABICO), todos esos bienes quedaban en incautación. Todo ello, sin existir una identificación clara de la conexión inteligible de los hechos investigados y descritos en el acta de imputación del Agente Fiscal y cada uno de los objetos que fueron incautados más allá de las facultades dispuestas por la autorización jurisdiccional”, ya que solo les dio 3 horas para abandonar la vivienda.
La acusación es por lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley Especial, incisos b y m.
LOS MIEMBROS DEL JURADO
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, presidido por Alicia Pucheta, está integrado por los ministros de la Corte, César Garay y Manuel Ramírez Candia; los senadores Derlis Maidana y Mario Varela; los diputados Orlando Arévalo y Alejandro Aguilera y Enrique Berni, representante del Consejo de la Magistratura.
En manos de los mismos está la continuidad o no en el cargo de los jueces, fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebras.
Los mismos integran un órgano fundamental para depurar la administración de justicia. Tienen como función principal sacar del sistema de justicia a los operadores que actúan al margen de la ley y que usan el cargo para enriquecer.
Pucheta, Garay, Ramírez Candia, Varela, Maidana, Aguilera, Arévalo y Berni no se pueden prestar a los poderes económicos y políticos, para remover a fiscales de probada honestidad y valencia. Si proceden distinto, la ciudadanía se debe levantar en contra ellos, así como se dio en el caso del fiscal Luis Said, en donde el poder político busca usar al JEM, para destitución al fiscal que logró, entre otros, la condena a 11 años de cárcel, del exgobernador de Presidente Hayes, Oscar Núñez, con fuerte vinculaciones políticas. Vía// El Observador
