Disparos contra un cura. Agresión a periodistas. Un acuerdo con un país inexistente. Denuncias por desvío de 6.000 millones. Crecimiento patrimonial del 154%. La inflación de alimentos al 7,1% mientras presume «inversión récord». Todo esto tiene nombre: Carlos Giménez, ministro de Agricultura del Paraguay.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería es la columna vertebral de un país que vive del campo. Conducirlo exige capacidad técnica, sentido institucional y una conducta que esté a la altura del cargo. Desde agosto de 2023 lo ocupa Carlos Giménez, y los resultados de su gestión son elocuentes: la inflación de alimentos cerró 2025 en 7,1% —más del doble de la general—, su Plan Nacional de Tomate terminó recurriendo a importaciones, la brecha entre el precio en finca y en góndola llega al 126%, y su ministerio firmó un acuerdo diplomático con un país que no existe. Todo esto mientras presume una inversión récord de «480.000 millones de guaraníes y 214 tractores entregados». Si la inversión fue tan extraordinaria, ¿por qué el paraguayo come más caro que nunca?
Pero antes de analizar en detalle la gestión ministerial que hoy impacta en el sector agropecuario, conviene detenerse en los antecedentes de quien ocupa el cargo. Porque lo que revelan no es un funcionario con episodios aislados, sino un patrón sostenido de conductas que, probablemente, fueron pasadas por alto —o deliberadamente ignoradas— al momento de su nombramiento.
Disparos contra un sacerdote. En 2016, siendo intendente de Choré, Giménez fue imputado por coacción grave y transgresión a la Ley de Armas tras efectuar disparos contra el párroco Bernardo Cristaldo Mieres dentro de la casa parroquial. El sacerdote declaró que le disparó a medio metro del rostro porque no había asistido a inauguraciones municipales. Se le allanó el domicilio y se le impusieron medidas restrictivas.
Agresión a periodistas. En mayo de 2020, como gobernador de San Pedro, agredió al periodista Adán Rojas Martínez y al fotógrafo Esteban Agüero, que investigaban el uso de maquinarias públicas en una estancia privada. Los amenazó y, cuando fueron a la comisaría a denunciar, el agresor ya se encontraba en el lugar. El Sindicato de Periodistas del Paraguay respaldó a los comunicadores.
Contraloría y obras fantasmas. La Contraloría General de la República identificó indicios de hechos punibles por más de 16.000 millones de guaraníes en su gestión como gobernador (ejercicio 2022). Ya en 2019, diez concejales departamentales lo habían denunciado por enriquecimiento ilícito, obras fantasmas, fraudes en alquileres y entregas ficticias de medicamentos.
Desvío de fondos de pandemia. En junio de 2025 se formalizó una denuncia por un presunto esquema de malversación de 6.000 millones de guaraníes en fondos Covid de la Gobernación. Parte de las organizaciones receptoras estaban integradas por funcionarios subordinados a Giménez. Los denunciantes compararon el esquema con el del excobernador Hugo Javier González, condenado por corrupción.
Paternidad negada durante 16 años. En noviembre de 2023, una colega veterinaria lo denunció por negarse a reconocer a una hija adolescente, afirmando que Giménez ya tenía conocimiento de la situación desde su embarazo. Giménez negó el hecho y calificó el reclamo de “mal gusto”, pidiendo una prueba de ADN. El examen de ADN confirmó la paternidad.
Enriquecimiento ilícito. En octubre de 2025, una nueva denuncia señaló que su patrimonio declarado creció un 154% entre 2016 y 2023, pasando de 7.800 a 20.000 millones de guaraníes, con la adquisición de varios inmuebles mediante contratos privados.
Ese es el perfil del hombre que administra la política agropecuaria del Paraguay. Ahora, su gestión.
En lo concreto, los números son claros. Mientras la inflación general de 2025 cerró en 3,1%, la de alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó el 7,1%. Carne, hortalizas, tomate, mandioca y otros productos básicos de la canasta familiar concentraron esa presión. Giménez destaca inversiones por 480.000 millones de guaraníes, la entrega de 214 tractores y ferias con ventas por 114.000 millones. Sin embargo, el Plan Nacional de Tomate —que prometía producción sostenida durante todo el año— terminó dependiendo de importaciones. La diferencia entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor alcanza el 126%. La canasta básica llega a representar hasta el 70% del ingreso de los hogares más pobres.
A la debilidad en los resultados se suma la ausencia de una visión estructural. El ministerio no abordó uno de los principales problemas del campo paraguayo: la expulsión progresiva de pequeños productores. No hay políticas claras para retener población en el interior ni para ordenar el crecimiento de las ciudades que reciben esa migración. San Pedro, su propio departamento, refleja con claridad ese proceso.
El vínculo con el sector tampoco contribuye a revertir la situación. Productores que se movilizaron para denunciar el abandono estatal fueron cuestionados públicamente. La Federación Nacional Campesina lo calificó de autoritario y comunidades denunciaron recortes de apoyo por razones políticas. A esto se suma la designación de una viceministra imputada por estafa, cuya situación —según el propio ministro— no fue detectada en los controles previos. Las mismas verificaciones que no detectaron que Kailasa no era un país.
Disparos contra un cura, agresión a periodistas, un acuerdo con un Estado ficticio, denuncias por desvío de miles de millones, un patrimonio que creció sin explicación, una viceministra imputada, inflación alimentaria del 7,1% y ninguna respuesta ante el vaciamiento del campo. Este no es el perfil de un ministro cuestionado. Es el perfil de alguien que no debería estar donde está. Paraguay merece un Ministerio de Agricultura a la altura de lo que el campo produce y de lo que la gente necesita. Mientras Carlos Giménez permanezca en ese cargo, el mensaje que se envía al país es que para conducir una cartera clave para la economía paraguaya, la idoneidad, la decencia y el sentido común son prescindibles. El trueno
