En la comuna encarnacena, la priorización del pago de multas sobre la seguridad y el control edilicio ha llevado a una tragedia lamentable: el colapso de un edificio en construcción que cobro la vida de dos personas inocentes. Este incidente se suma a una serie de preocupaciones sobre la gestión municipal y la seguridad de las obras en la ciudad.
El Intendente Municipal, Luis Yd en lugar de ordenar a sus técnicos que realizaran los controles pertinentes, decidió enfocarse en el dinero. La obra colapsada estaba originalmente prevista para cinco pisos, pero inexplicablemente se expandió hasta ocho plantas. Este cambio, sin la supervisión adecuada, ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad del municipio y el cumplimiento de las normativas de construcción.
La empresa sólo pagó la multa de 5 millones de guaraníes y pudo continuar con la obra, sin ningún cuestionamiento del municipio.
El Intendente Yd, al otorgar permisos y frenar controles, ha proporcionado un «arma» a la empresa constructora, que en este caso ha resultado letal. La pérdida de dos vidas es un recordatorio escalofriante de los peligros que representa la falta de regulación rigurosa en el sector de la construcción. Afortunadamente, el desenlace no fue aún más trágico, ya que podría haber sido una catástrofe aún mayor si el colapso hubiera ocurrido en horario laboral, momento en el cual alrededor de 50 obreros se encontraban trabajando en la zona.
La actitud del municipio encarnaceno, bajo la dirección de Yd, parece indicar que es posible actuar sin consecuencias serias. La posibilidad de pagar una multa ha desdibujado la responsabilidad por los daños a terceros y las víctimas que se encuentran en el camino de este tipo de decisiones.
Esto lleva a una pregunta crítica: ¿Cuál es la situación de los numerosos edificios que ya han sido habilitados como residencias y para el sector hotelero en Encarnación? La falta de controles no solo pone en riesgo a futuras víctimas, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad de las estructuras existentes. La comunidad se encuentra en una encrucijada, esperando respuestas y acciones concretas que prioricen la seguridad ante el lucro.
La tragedia del colapso del edificio no debe ser solo un recordatorio de las fallas en el sistema, sino un llamado urgente a la acción. La seguridad de los ciudadanos debe ser la prioridad por encima de cualquier consideración financiera, y es vital que las autoridades asuman su responsabilidad para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. Encarnación merece un liderazgo que proteja a sus habitantes y garantice el cumplimiento de las normativas de construcción, y no uno que las ignore en pos de intereses económicos
