El exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre fue condenado ayer a diez años de cárcel por el desvío de G. 5.105 millones, destinados a la gobernación para la reactivación económica durante la pandemia del covid-19. El Tribunal de Sentencia integrado por Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez, refirió que quedó probado en juicio oral que el acusado cometió los hechos punibles de lesión de confianza y uso de documentos no auténticos. “Para este Tribunal estamos ante un caso especialmente grave”, refirió la magistrada Cáceres. Se dispuso la prisión del Nº 2.
Se otorgaron fondos de emergencia sanitaria del covid-19 a todas las Gobernaciones, de acuerdo a la sentencia. Entre noviembre de 2020 y julio de 2021, Miguel Ángel Roble Ibarra, director general del gabinete de la Gobernación de Central ideó y lideró un esquema conformado por funcionarios y representantes de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y con constructores, para conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Estado. Entonces, así coordinó con todas estas personas todos los trabajos para ocultar el desvío del dinero público. Para ello trazó un plan y exhortó a las personas que sigan el delineamiento de ese plan.
En noviembre de 2020, Robles Ibarra se reunió con Tadeo Álvarez, presidente de CIAP y le propuso trabajar con la Gobernación para obras. Le ofreció el 10% de todo lo que recibiese de todos los proyectos y le dijo que ellos se iban a encargar de toda la parte documental y ejecución de las obras.
La Gobernación, en la persona del gobernador Hugo Javier González, concretan y realizan varias resoluciones, porque el 28 de diciembre de 2020 se recibió la transferencia bancaria de los fondos correspondientes a la reactivación económica, en el marco de la emergencia sanitaria, por un total de 5.105.600.000. Un día después del desembolso de Hacienda de estos fondos, la Gobernación, Hugo Javier y Lurdes firmaron autorización de pagos a CIAP para la realización de las obras.
Se autorizó el pago de G. 3.663.360.000 para construcción y mantenimiento de espacios y segunda resolución, ambas del 29 de diciembre, pago de G. 2.042.240.000 para pavimentación, empedrados y otros. Ambas resoluciones se firmaron sin ninguna documentación de respaldo, sin ningún proyecto que justificara la orden de pago. Para justificar los desembolsos, se adulteraron proyectos ya existentes por obras. “Se probó que fueron duplicados y eso obra en los expedientes”, explicó la jueza Cáceres.
Se comprobó que CIAP tenía una cuenta habilitada en el banco Visión, donde fue depositado el dinero para la trazabilidad, sin embargo, los cheques fueron efectivizados, no depositados.
El dinero efectivizado por empleados de CIAP, fue entregado a Natalia Soledad Valenzuela, funcionaria de la Gobernación, quien recibió esta orden por parte de Robles.
“Natalia manifestó que Robles le citó en un sitio donde no había cámaras para que le entregara el dinero. Ahí se comprobó que el dinero entregado a CIAP fue a parar nuevamente en su totalidad al señor Miguel Ángel Robles”, refirió la presidenta del Tribunal.
PRIMERA RENDICIÓN DE CUENTAS
Hugo Javier presentó ante el Gabinete Civil y ante la Contraloría una rendición de cuentas respaldada con comprobantes que no reflejaban la realidad de lo que se había hecho con el dinero. Se probó en este juicio que eran facturas falsas: facturas anuladas, facturas de personas que prestaban servicio en la Gobernación, pero debían poner el nombre de la fundación ─para que así puedan cobrar sus salarios─ también facturas de contratistas que ya venían trabajando en otras obras realizadas con antelación a los desembolsos. “Y no tenían ni siquiera proyectos, solo era un conjunto de facturas”, resaltó la presidenta del Colegiado.
Esta rendición de cuentas fue realizada por funcionarios de la Gobernación, eso quedó demostrado, sin embargo, se utilizó un correo falso a nombre de la fundación CIAP para presentar digitalmente el informe ante la Contraloría.
El 25 de diciembre de 2021 a las 14.30 se presenta la primera rendición de cuentas en formato físico ante la Contraloría y ante el Gabinete civil de la Presidencia, pero la Gobernación ya estaba fuera de plazo para presentarlo. “Cuando ya estaba toda esta primera rendición de cuentas en el portal de la Contraloría se hace público y empiezan a saltar las facturas clonadas, falsas, que correspondían a supuestos proyectos”, expuso la magistrada y alertó que las facturas de los contratistas presentaban descripciones genéricas, sin detalles sobre las obras a las cuales correspondían.
“En la primera rendición de cuentas ni siquiera estaba el convenio ni como se constituyó esa Fundación a quien iban a entregar el equivalente a un millón de dólares. Semejante dinero del pueblo paraguayo no tenía ninguna forma de respaldar; así no se debe jugar con la plata del pueblo paraguayo”, expuso la presidenta.
Una vez que se hace público que había facturas clonadas, los contratistas fueron citados por la Gobernación para confeccionar obras antedatadas.
“Cómo se pudo realizar el desembolso para las 14 supuestas obras, si ni siquiera estaba el convenio”, dijo la jueza y sostuvo que esto recién fue incluido en la segunda rendición de cuentas para maquillar la primera rendición.
SEGUNDA RENDICIÓN DE CUENTAS
En junio de 2021 los contratistas empiezan a realizar las denuncias por clonación de sus facturas. “Se hizo todo un esquema para hacer una nueva rendición de cuenta que acá nos quieren venir a decir que fue una rectificación; se cambiaron totalmente los papeles”.
El 28 de junio de 2021 la fundación CIAP presentó la segunda Rendición de Cuentas vía electrónica y días después el gobernador Hugo Javier González solicitó la reapertura del sistema para poder presentar la segunda rendición. El 2 de julio, Hugo Javier presenta la segunda rendición y “es allí donde aparecen las supuestas 14 obras”.
La mayoría de las 14 obras ya se habían iniciado con anterioridad al desembolso de los fondos, según testificaron los contratistas, algunas incluso ya estaban prácticamente terminadas seis meses antes de que la Gobernación haya recibido la transferencia.
“Los fondos para la reactivación económica, se probó que no fue entregado a CIAP como pretendían hacer creer al pueblo paraguayo. Estos fondos fueron a parar en su totalidad al señor Miguel Ángel Robles”, refirió la magistrada.
“La documentación presentada en ambas rendiciones presentaban facturas falsas y mentiras escritas, con el propósito de desviar los recursos a la generación de fuentes de trabajo. El Tribunal tiene la certeza absoluta que estas obras no se realizaron con los fondos. Todo ese plan operativo provocó al Estado paraguayo, a la gobernación, un perjuicio patrimonial”.
LOS OTROS CONDENADOS
Javier Marcelo Rojas Giménez, exdirector de Administración y Finanzas fue condenado a 2 años de cárcel, mientras que Luis Eduardo Allende Araujo, extesorero, Lourdes Lezcano Decoud, exsecretaria General, y Modesta Valiente, exsecretaria de Administración y Finanzas, a 2 años de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución de la pena.
PUNIBILIDAD
Hugo Javier, exgobernador, fue acusado por Lesión de confianza, Declaración falsa, Producción de documentos no auténticos, y Asociación Criminal en calidad de autor.
Para el Tribunal quedó probado durante el juicio ─que duró seis meses─ la lesión de confianza. “Concluimos que, respecto a la conducta del acusado, se encuentran presentes todos los presupuestos de la tipicidad objetiva” y además reúne los presupuestos subjetivos. “Se afirma antijuridicidad y la reprochabilidad, siendo por lo tanto punible”, enfatizó la jueza.
“Para este Tribunal estamos ante un caso especialmente grave”, enfatizó la presidenta del Colegiado. También se declaró la punibilidad en el hecho de producción de documentos no auténticos (modalidad de uso).
“Del resultado de la conducta del acusado dan cuenta que se han realizado dos hechos punibles, lesión de confianza (haber causado perjuicio) y la producción de documentos no auténticos, por lo que la expectativa máxima quedó fijada en 15 años de cárcel.
EXDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Javier Marcelo Rojas Giménez, exdirector de Administración y Finanzas fue acusado por Lesión de confianza, Declaración falsa, Producción de documentos no auténticos (en la modalidad del uso), en calidad de cómplice; y Asociación Criminal en calidad de coautor.
Quedó probada la lesión de confianza en carácter de cómplice y fue absuelto por producción de documentos no auténticos, debido a que la Fiscalía no sostuvo su acusación en los alegatos finales. La expectativa máxima quedó establecida en 2 años, 6 meses.
EXTESORERO
Luis Eduardo Allende Araujo, extesorero, fue acusado por lesión de confianza en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de coautor.
Para el Tribunal quedó probada la punibilidad en la lesión de confianza. Se fijó como expectativa máxima 2 años y 6 meses.
EXSECRETARIA
Lourdes Lezcano Decoud, exsecretaria General fue acusada por Lesión de confianza, y Declaración falsa, en calidad de cómplice; así como también Producción de documentos no auténticos, (en la modalidad del uso), en calidad de autora; y por Asociación Criminal en calidad de coautora.
Según la presidenta del Tribunal, se declaró la punibilidad en la complicidad de lesión de confianza; en cuanto a la producción de documentos no auténticos, no se pudo encontrar elementos que la vinculen, por lo que se descarta su participación y queda absuelta. La expectativa máxima fue fijada en 2 años y 6 meses.
EXSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
Modesta Valiente, exsecretaria de Administración y Finanzas, fue acusada por Lesión de confianza y Declaración falsa, en calidad de cómplice; también por Asociación Criminal en calidad de coautora.
Quedó probada la punibilidad respecto al hecho de lesión de confianza. La expectativa máxima fue fijada en 2 años y 6 meses. El Observador
