Los medios cumplen un rol esencial en mantener en agenda o en la discusión ciudadana aspectos que tienen que ver con la realidad social. Es por ello que no renuncia a exponer aquello que considera una injusticia.
Este es el caso del trágico derrumbe ocurrido hace dos meses y medio en Encarnación, en donde mucha gente, responsable de alguna manera de la tragedia, sigue sin siquiera ser imputada, pese a que en el suceso murieron dos personas. Las familias de las víctimas fatales, Montserrat Brítez de 15 y su abuela Hermelinda Báez de 55 años merecen justicia, que caiga todo el peso de la ley sobre quienes tuvieron –por omisión, o complicidad, o deficiencia en sus funciones– una responsabilidad en estas muertes.
En medio de un silencio atroz transcurre el tiempo desde aquel fatídico día 2 de abril en que un edificio se desmoronaba, cegando la vida de dos inocentes personas que pagaron las consecuencias de la corrupción e inoperancia que facilitó la elevación de una construcción sin los resguardos requeridos.
Lo sucedido en Encarnación en esa fatídica fecha se produjo porque las condiciones estaban dadas para que así sucediera: desidia, corrupción, mal desempeño en funciones; ingredientes que necesariamente conducen un desenlace desagradable. Esto es tan grave –y cruel– como otros casos similares con final trágico, pero que tuvieron otro tratamiento de parte de algunos medios hegemónicos. Hoy, esta situación trágica, que enluta a una familia en la capital itapuense brilla por su ausencia en los títulos de la prensa asuncena.
Evidentemente, la vara de la Justicia y la agenda mediática no aplica de la misma forma en todos los casos, normalizando así la hipocresía y el reclamo selectivo de justicia.
Es inaceptable pensar siquiera en explicación alguna cuando la Municipalidad de Encarnación, administrada por el intendente Luis Yd, dejó que la constructora erigiera un edificio de 8 pisos cuando la estructura estaba preparada solo para 5 niveles. No existe justificación que valide semejante imprudencia y menos ante el desenlace luctuoso.
Como todo su equipo, Luis Yd fue puesto en la municipalidad para cuidar la ciudad, eso incluye no solo el hermoseamiento, sino también el crecimiento ordenado, el control de todo cuanto se plante y levante en su urbe. Tenían y tienen la obligación de custodiar rigurosamente cualquier obra que se erija en su jurisdicción, más cuando se trata de construcciones enfocadas a un gran movimiento de personas como el malogrado edificio.
El trabajo que viene haciendo la Fiscalía tampoco contribuye a una pronta definición de caso. Los agentes afectados a la causa alegan un proceso pericial, entendible en la obtención de evidencias, pero incomprensible en su lentitud, esto teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia. El Ministerio Público tiene un enorme desafío siendo el recurso más inmediato que tiene un ciudadano en el objetivo de hacer justicia, pero fundamentalmente en lidiar con las presiones del poder político de la zona, considerando que en este trágico evento están vinculados poderosos políticos de la zona, camuflados de impolutos.
No hay que olvidar que la empresa de un diputado, miembro del clan Pereira, en este caso Carlos Pereira, hermano del gobernador de Itapúa, cargó el hormigón de las losas que precisamente se desmoronaron al superar la capacidad de resistencia de las columnas. Esto no es todo, hace unas semanas trascendió que uno de los fiscales investigadores es sobrino del jefe de transporte del gobernador Pereira, lo que alimenta aún más las suspicacias sobre la dilación en la obtención de resultados de las primeras pesquisas fiscales.
Estos vínculos y suspicaces influencias no deben salpicar las actuaciones de los agentes fiscales quienes deben demostrar no solo celeridad sino independencia en la prosecución penal en busca de todos los responsables del funesto suceso.
La familia de Monserrat y su abuela Hermelinda tienen derecho a hallar justicia ante la pérdida irreparable que sufrieron a consecuencia del derrumbe. El Ministerio Público es garante de este derecho y debe honrar con todas las de la ley.
Ante el silencio casi cómplice y la ausencia del tema en la agenda de grandes corporaciones de medios, la justicia debe hacer retumbar un fallo que no deje dudas sobre las sanciones que recaen sobre los responsables. Con la misma rigurosidad, tenacidad, eficiencia y rapidez que otros casos han tenido, el trágico derrumbe en la capital itapuense no debe dar más tregua a la impunidad.
La familia enlutada merece un poco de paz, de consuelo, y esto es que la desidia y la corrupción que se concentraron y que permitió autorizar una obra sin la seguridad pertinente, serán castigados ejemplarmente. Vía// Editorial La Nación
