La Fiscalía acusó a 24 personas que formaron parte del esquema de lavado de dinero en Paraguay, liderado por el narco detenido en Brasil, Jarvis Chimenes Pavao. Se pidió comiso de más de 100 inmuebles por US$ 150 millones y US$ 2 millones en efectivo.
Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres pidieron juicio oral a 24 personas que formaron parte de un esquema criminal liderado por el narcotraficante detenido en Brasil Jarvis Chimenes Pavao, para lavar dinero narco en Paraguay y ocultar sus bienes a través de testaferros. Entre los acusados está el abogado Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, “quien realizó transacciones de compra y venta de bienes inmuebles vinculados a la organización”. Solicitaron el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente US$ 150 millones y US$ 2 millones depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.
Los acusados son: Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses, Carlos Oleñik Memmel, Gabriela González Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renán Gilberto Mora Benítez, Rolando Serrati Duarte, Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro, Pedro Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Reichardt De De Souza y Amilcar Battaglin.
Las investigaciones revelaron una compleja modalidad de creación de empresas de fachada y la utilización de estas para la compra de muebles e inmuebles y el movimiento de fondos ilícitos. Estas empresas ficticias, establecidas tanto en Brasil como en Paraguay, eran instrumentalizadas para dar apariencia de legalidad a las transacciones financieras y ocultar el origen ilícito de los activos. El uso de estas entidades permitió a la organización lavar grandes sumas de dinero, facilitando así la adquisición de bienes inmuebles y la transferencia de fondos sin ser detectadas/alertadas en el sistema financiero paraguayo, dice parte de la acusación fiscal.
TESTAFERROS EN PARAGUAY
Es relevante destacar también, la actuación identificación de operadores financieros (abogados, contadores, empresarios, etc.) de nacionalidad paraguaya y brasileña, quienes desempeñaron un papel crucial en la estructuración y mantenimiento del esquema de lavado de dinero. Estos operadores, incluso utilizaron sus conocimientos en finanzas y leyes, para facilitar las transacciones y ocultar las verdaderas fuentes de los fondos, asegurando que las actividades ilícitas pudieran llevarse a cabo sin interrupciones. Asimismo, se identificó una red de testaferros en Paraguay que, actuando en nombre de Jarvis CHIMENES PAVÃO y su organización, adquirieron y gestionaron propiedades e inversiones. Estos testaferros eran responsables de mantener el anonimato de los verdaderos propietarios y de asegurar que los activos ilícitos fueran manejados de forma impune, agrega la acusación.
RECLUSIÓN EN BRASIL
Una vez en Brasil, Jarvis inicialmente fue recluido en la penitenciaría de la ciudad de Mossoro, Brasil, y, posteriormente fue trasladado a una penitenciaría de máxima seguridad, denominada «Penitenciaria Federal de la ciudad de Puerto Viejo. Durante su reclusión, la Comisaría Especializada en Represión de las Drogas, a través del Grupo de Investigación Sensible, inició investigaciones con el fin de monitorear y dar seguimiento al interno. Esto tras las denuncias sobre que Jarvis, incluso encarcelado en una unidad de máxima seguridad, continuaba dedicándose a la práctica de numerosos delitos, especialmente el mantenimiento de una organización criminal fuerte y bien estructurada que operaba en territorio brasileño y paraguayo.
En ese sentido, las informaciones preliminares sobre el interno señalaban que seguía siendo el líder y articulador principal de una organización criminal dedicada a la circulación de activos ilícitos y también al encubrimiento de bienes obtenidos en virtud de su larga y extensa vida delictiva. Estos hechos fueron probados a partir del análisis de las conversaciones que Jarvis mantuvo en diferentes oportunidades en el salón de visitas de la penitenciaría, especialmente con su familia y sus abogados, complementado con elementos derivados de las interceptaciones telefónicas y telemáticas con las debidas y necesarias autorizaciones judiciales por parte de las autoridades brasileñas.
Asimismo, con base en el seguimiento de las conversaciones mantenidas por Jarvis, autorizaciones judiciales, representadas al inicio de las investigaciones, complementado con interceptaciones telefónicas y telemáticas, así como otras medidas realizado por el equipo de investigación, fue posible establecer toda la cadena de mando de esta asociación criminal y como era de esperarse, el comando central todavía lo ejercía Jarvis, tanto durante su estancia en la Penitenciaría de Porto Velho y en la Penitenciaría de Brasilia/DF
(actual lugar de reclusión). Dicha posición jerárquica le ha permitido tener conocimiento de los movimientos del grupo y control de todos los recursos financieros, gastos de sus operadores logísticos y cómplices, como también de los bienes registrados a nombre de sus familiares y de terceros. De esta manera, los investigadores determinaron que Jarvis se encontraba controlando todo el esquema de pagos y asignaciones a miembros de la familia e incluso de subvenciones a otros miembros de la organización criminal.
Según el análisis realizado por la Policía Federal de Brasil, estos familiares y asociados recibían sumas de dinero como “asignación” debido a la función que cada uno desempeñaba en el contexto de la organización criminal, según el grado de relevancia para las actividades delictivas en curso.
