El economista Ramón Ramírez, interventor designado para auditar la gestión de la Municipalidad de Ciudad del Este, recordó que la medida no se limita a la administración del intendente Miguel Prieto, sino que abarca también el accionar de la Junta Municipal. Aclaró además que, conforme al decreto de intervención, la facultad de solicitar informes recae exclusivamente en su figura, no en concejales u otros actores.
En ese sentido, explicó que tanto el Ejecutivo municipal como la Junta comparten responsabilidades sobre el manejo de recursos públicos, por lo que los informes que se están elaborando incluirán evaluaciones sobre ambos órganos. “La intervención no es solo al intendente; la Junta también será evaluada en su rol de contralor. Es un proceso integral que busca esclarecer cómo se tomaron decisiones y si se cumplieron los controles establecidos por ley”, remarcó.
Ramírez también observó que, durante gran parte de este periodo de gobierno, la mayoría coyuntural oficialista dentro de la Junta actuó con evidente complacencia hacia el Ejecutivo. “Lo que encontramos fue un acompañamiento casi automático a las decisiones del intendente. Minutas aprobadas en tiempo récord, sin debate ni revisión profunda, cuando lo que se espera es una actitud crítica, con base técnica”, afirmó.
La Contraloría General ya había advertido sobre inconsistencias en los estados financieros de la Municipalidad, aprobados sin objeciones por la Junta. Para el interventor, esto pone en evidencia la falta de voluntad política para ejercer el rol que la ciudadanía espera de sus representantes.
Finalmente, Ramírez enfatizó que su informe incluirá tanto las decisiones administrativas del intendente como el nivel de fiscalización ejercido por los concejales. “No se trata de apuntar con el dedo, sino de establecer con claridad dónde fallaron los controles y quiénes deben asumir responsabilidad”, concluyó.
