El reciente fallo judicial que absolvió a los periodistas Cristian Garay y Fernando Sotelo en el juicio por difamación y calumnia impulsado por el efectivo policial Christian Fernández, constituye un hito trascendental en defensa de la libertad de prensa y del derecho ciudadano a la información. La resolución fue dictada por el Tribunal de Sentencia Unipersonal, presidido por la abogada Raquel García, quien demostró independencia y apego irrestricto a la ley.
La sentencia no solo pone fin a un proceso que intentó acallar la labor periodística, sino que también envía un mensaje claro y contundente: en un Estado de Derecho, la crítica y la fiscalización a las instituciones públicas no pueden ser perseguidas ni castigadas como delitos. La prensa cumple un rol esencial en la democracia, y tratar de silenciarla equivale a atentar contra la transparencia y el control social.
En Paraguay, la Constitución Nacional, en su artículo 26, garantiza la libertad de expresión y de prensa como un derecho fundamental e irrenunciable. No es un privilegio de los periodistas, sino un patrimonio de toda la ciudadanía, que tiene el derecho a estar informada. Pretender amordazar a la prensa es, en consecuencia, intentar amordazar a la sociedad entera.
Asimismo, este proceso debe servir de advertencia: muchos litigios nacen de malas orientaciones legales, cuando abogados, en lugar de guiar responsablemente a sus clientes, los arrastran hacia acciones judiciales improcedentes que solo generan pérdidas y descrédito.
La victoria judicial de Garay y Sotelo es, en definitiva, una victoria colectiva. Reafirma que en Paraguay la prensa seguirá ejerciendo su tarea de informar, investigar y cuestionar, aunque algunos pretendan callarla. Porque la democracia no se construye con silencios impuestos, sino con voces libres que iluminan lo que otros quieren mantener en la sombra.
