El Consejo de Superintendencia de la Corte, integrado por los ministros César Diesel, Carolina Llanes y César Garay, tiene pendiente de resolución el pedido de casación de matrícula a la abogada Zully Ortiz García, como una medida cautelar, mientras dure el sumario que se le sigue en el caso de la mafia de pagaré. Se agregó como nueva evidencia de presunto desempeño irregular y hasta ilegal de la letrada, la imputación que la Fiscalía presentó hace unas semanas en su contra por estafa.
El camarista Blas Cabriza, presidente del Consejo de Administración de la circunscripción de Presidente Hayes, envió un informe oficial a los ministros con relación al proceso abierto a Ortiz García, que está a cargo del juez Víctor Hugo Ronzewski.
Los antecedentes revelan que, Ángela Zárate, víctima de la mafia de los pagarés, había denunciado el año pasado al entonces juez de paz de Benjamín Aceval, Roberto Carlos Ferreira, actuario y a un oficial de justicia. También incluyó a la abogada Zully García, quien como representante legal de la firma Vanessa y Asociados SA, demandó a Zárate por una deuda que la misma ya había cancelado.
A finales del año pasado, el entonces presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, ordenó la apertura de un sumario, el cual se encuentra en proceso y en donde Zárate, con el patrocinio de la abogada Noelia Núñez, solicitó como medida cautelar de urgencia, la casación de la matrícula de Ortiz García.
“Se hace notar que, según lo establecido en el Art. 27 del COJ, que copiado textualmente dice: “…La Corte Suprema de Justicia, además de la potestad de juzgar, ejercerá la superintendencia, con poder disciplinario sobre los Tribunales, Juzgados, Auxiliares de la Justicia y las oficinas dependientes del Poder Judicial. Ejercerá la facultad de superintendencia a través de los Tribunales de Apelación de las Circunscripciones Judiciales del Interior, sobre los Juzgados y oficinas existentes en dicha jurisdicción.”, dicho esto, para esta parte resulta relevante señalar que el poder disciplinario en base a las normas citadas; faculta a la Superintendencia de la CSJ a decretar las correspondientes medidas cautelares, y la correspondiente casación de la matrícula profesional de la Abg. Zully Ortiz García, en relación a los antecedentes de la misma y principalmente a los hechos contenidos en el marco de la “INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL MAGISTRADO ROBERTO CARLOS FERREIRA OVELAR, DE LA SECRETARIA MIRIAN CAROLINA MARTINEZ, EL UJIER NOTIFICADOR JULIO CESAR RIOS ACOSTA S/ SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y A LA ABOGADA ZULLY CONCEPCIÓN ORTIZ GARCIA, CON MATRICULA CSJ N°: 10.032, EN LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: VANESSA Y ASOCIADOS S.A. C/ ANGELA MABEL ZARATE ORTIGOZA S/ RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO Y COBRO DE GUARANÍES – N°: 257/2022. AÑO 2024”, n°: 45 – N.S. 51.600, según providencia recaída en dichos autos de fecha 1 de octubre de 2024, donde se ordena la instrucción del sumario administrativo a la citada profesional, firmado por el Señor ministro Prof. Dr. Luis María Benitez Riera, quien entonces fuera presidente del Consejo de Administración de la Corte”, dice parte de la presentación.
“Finalmente, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias existentes ante la Superintendencia de la CSJ contra la citada profesional, y en razón a la indignación ciudadana a raíz de las publicaciones periodísticas que han tomado estado público – mafia de los pagarés – en este acto solicito respetuosamente a S.S. se sirva decretar como medida cautelar de urgencia la casación de la matrícula de la Abg. Zully Otíz García, por constituir su desempeño un agravio a la imagen de muchos profesionales abogados éticos, que buscan reivindicar la tan noble labor que recae en la profesión, con decoro, delicadeza y compromiso con la justicia”, expresó Zárate. El Observador
