En algunos juzgados de paz de Capital se habrían montado esquemas delictivos, mediante acuerdos entre abogados de empresas que presentan miles de demandas de cobro de guaraníes, algunos jueces, actuarios y ujieres. La “mafia de los pagarés”, como se denomina, es casi imposible que funcione sin el conocimiento y el aval de los magistrados, que no pueden alegar desconocimiento de lo que hacen los funcionarios encargados de realizar las notificaciones a miles de víctimas del feroz fraude avalado por el propio Poder Judicial.
La puesta a disposición de Recursos Humanos de algunos ujieres y dejar sin efecto el ascenso provisorio de los mismos, no es suficiente. La Corte tiene que investigar a fondo el tema y sancionar a los abogados, magistrados y demás implicados en el esquema.
EL ESQUEMA
1. Acordar ingreso y porcentaje: Las empresas demandantes conversan con el juez o jueza de paz, para ingresar los expedientes y definir el porcentaje a pagar sobre las notificaciones (20% juez, 15% abogado y 65% ujier).
2. Escritos listos: Los expedientes ingresan con los escritos y providencias ya impresas.
3. Libro de entrada: La misma empresa demandante lleva el libro de entrada (donde se da Nº al expediente) y completa el libro.
4. Notificaciones: Sobre todas las notificaciones que se hacen en la semana, cada ujier (son dos, uno por secretaría) debe entregar G. 5 millones al juez/jueza.
5. Pago adicional: El juez o jueza de paz cobra un porcentaje extra por notificaciones de ciertas empresas.
6. Etapas finales: El juez o jueza recibe un porcentaje del abogado de las empresas al concluir el expediente.
7. Empresas grandes: Con Nexo, Carsa y similares, hay acuerdos por volumen y celeridad.
8. Juicios a docentes: El juez o jueza llega a “acuerdos especiales” con empresas como Bahía Costanera y Préstamos Personales en los casos de préstamos a docentes.
9. Préstamos abusivos: Los docentes firman pagarés que multiplican la deuda real. Ejemplo, por préstamo de G. 5 millones, firman 3 y 4 pagarés de G. 5 millones, que luego se demandan.
Ser ujier en los juzgados de paz, por el dinero que se genera con las notificaciones, y más aún con aquellas fraguadas, no es fácil. Se tiene que contar con el padrinazgo de un político importante, ministros de la Corte quizá, o algunos otros “peces gordos”. Se habla incluso de que algunos pagan a sus padrinos por el nombramiento.
Así como los jueces de paz no pueden desconocer el esquema en el juzgado a su cargo, los ministros no pueden no saber de la existencia de esta mafia. Es por ello, que tienen que hacer algo. La ciudadanía, los usuarios de justicia, y en especial las víctimas de la propia justicia, tiene que exigir el esclarecimiento del hecho. Es una vergüenza.
No pueden solventar
con escuálido sueldo
El abogado Jorge Rolón Luna publicó en su cuenta de X, fotos de viajes de placer por el mundo y compra de vehículos de 0 kilómetro, realizados por los funcionarios, que perciben un sueldo mensual de G. 3.128.000, monto con el cual jamás pueden solventar vacaciones por Italia, Francia, Chile, etc..
¿LA MAFIA DE LAS NOTIFICACIONES?
Contraloría estudia correspondencia de
bienes de ujieres que ostentan riqueza
La Contraloría inició el examen de correspondencia de bienes de los ujieres Heber Cardozo Areco, Osvaldo Insfrán, Mariam Adelaida Ortiz Aquino y Pablo Matías Cabrera Irigoitía, tras las publicaciones realizadas en redes sociales con relación a la ostentación del poder económico que tienen, con un sueldo de G. 3.128.00 mensual. “Este procedimiento contempla un análisis exhaustivo de las declaraciones juradas presentadas por cada uno de ellos, con el objetivo de identificar posibles inconsistencias entre los bienes declarados y su realidad patrimonial”, explicó a El Observador, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas del mencionado órgano de control.
“Para garantizar un análisis completo y transparente, se procederá a solicitar informes adicionales a los organismos correspondientes, los cuales permitirán cotejar la información contenida en las declaraciones juradas con registros oficiales, como bienes inmuebles, Automotores, DNIT, Seprelad, cuentas bancarias, inversiones, y cualquier otro elemento que sea pertinente. De esta forma, se busca verificar si existe una correspondencia adecuada entre los bienes declarados y el patrimonio realmente ostentado por cada funcionario”, explicó el alto funcionario de la Contraloría.
“Este enfoque permitirá, no solo detectar irregularidades, sino también garantizar la trazabilidad de los bienes y su legitimidad, fortaleciendo así los mecanismos de control y rendición de cuentas en esta investigación”, añadió el director de Declaraciones Juradas.
Los antecedentes revelan que el abogado Jorge Rolón Luna publicó en su cuenta de X, las fotos de los viajes de placer por el mundo y la compra de vehículos de 0 kilómetro, hechas por los funcionarios judiciales, que tienen un salario de G. 3.128.000, monto con el cual jamás pueden solventar las vacaciones por Italia, Francia, Chile, etc..
En el caso de Heber Areco, el mismo presentó su primera declaración jurada el 7 de noviembre de 2016, la segunda el 26 de enero de 2017, la tercera el 1 de febrero de 2017, la cuarta el 15 de junio de 2017 y la quinta el 7 de febrero de 2019.
Osvaldo Insfrán lo hizo el 16 de abril de 2019, luego el 8 de setiembre de 2020; el 31 de enero de 2023, el 19 de febrero de 2024 y el 28 de febrero de 2024.
Mariam Ortiz Aquino, la primera declaración jurada presentó el 29 de abril de 2014, el 4 de febrero de 2015, el 11 de enero de 2016, el 21 de octubre de 2016, el 22 de febrero de 2019, el 23 de agosto de 2019 y el 29 de diciembre de 2019.
Pablo Matías Cabrera lo hizo el 16 de diciembre de 2014, el 4 de febrero de 2015, el 11 de enero de 2016, el 14 de julio de 2016, el 20 de diciembre de 2018, el 22 de agosto de 2019 y el 10 de febrero de 2022.
Vía// El Observador
