El abogado Esteban Chávez Alvarenga, representa a un grupo de 160 funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional, primero víctimas de la Asociación del SNPP, y luego de la mafia de pagarés.
“Aparecen cédulas voladoras, salen las notificaciones que supuestamente se diligenciaron, pero nunca llegaron al afectado. Entonces, no se les permitió a mis clientes plantear, por ejemplo, una excepción de inhabilidad de título, excepción de pago o lo que fuese. Hay una oportunidad dentro del proceso del juicio ejecutivo donde la persona demandada puede ejercer su defensa y esa defensa no pudo llevarse a cabo, debido a la forma y al manejo corrupto dentro de los juzgados”, enfatizó.
