Un total de 2.207 personas privadas de libertad, varones y mujeres, acceden en las penitenciarías del país a la educación básica y media, con miras a contar con herramientas que contribuyan a su reinserción social.
Garantizando su derecho a la educación, se estimula en las personas privadas de libertad su sentido de responsabilidad, solidaridad y convivencia armónica, afirma el Ministerio de Justicia, que trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Educación y Ciencias para brindar este servicio.
Los programas educativos para jóvenes y adultos privados de libertad se implementan en centros de reclusión de Central, Guairá, San Pedro, Amambay, Misiones, Itapúa, Cordillera, Concepción, Caaguazú, Alto Paraná y Asunción.
Este beneficio educativo para los niveles de Educación Básica y Educación Media que se brinda en modalidad presencial, alcanzó a la fecha a 2.207 personas privadas de libertad, varones y mujeres, según el reporte oficial.
Este año, la oferta educativa suma a personas en situación de encierro del nuevo Centro de Rehabilitación y Reinserción Social de Minga Guasú.
Autoridades de Justicia y Educación realizaron reuniones técnicas y mesas de diálogo con responsables del nuevo Centro de Rehabilitación y Reinserción Social de Minga Guazú, a fin de definir mecanismos y estrategias para su puesta en marcha, monitoreo y evaluación.
Por otro lado, recorrieron otras penitenciarías de Ciudad del Este y mantuvieron reuniones técnicas pedagógicas y administrativas con el plantel directivo, docentes y estudiantes de los Centros de Educación Básica N° 10-85 “Juana María de Lara”.
Además del penal de Mujeres; del Centro de Educación Básica N° 10-84, del penal regional de Ciudad del Este y del Centro de Educación Básica N° 10-112, penal de menores, con el objetivo de acompañar y guiar la tarea de los educadores para lograr la calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, visitaron el Centro Regional Penitenciario de esta capital departamental, para verificar el funcionamiento de su Centro de Educación Permanente, informó el Ministerio de Educación y Ciencias.
La implementación de estos programas hacen realidad el precepto constitucional de posibilitar que los internos recluidos en las distintas penitenciarías del país, una vez recuperada su libertad, puedan reinsertarse de manera efectiva a la sociedad.
