La Unidad Especializada de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia revisó más de 5 mil expedientes procesales, con énfasis de personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad y fueron otorgadas 149 libertades por compurgamiento de pena mínima. Fue con el objetivo de acelerar los procesos para obtención de sentencias judiciales, aminorar el hacinamiento penitenciario, así como rehabilitar y reinsertarlos en la sociedad.
El trabajo coordinado con otras instituciones del Estado permitió la conformación de mesas de trabajo con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Dirección General de Justicia Penitenciaria y la Coordinadora de Sala Técnica Penal.
Cifras oficiales del Viceministerio de Política Criminal refieren más de 700 planteamientos directos a los diferentes juzgados del país. Fueron obtenidas 291 resoluciones de levantamiento de rebeldías, en procesos reactivados de personas privadas de libertad con más de una causa.
De igual manera, se consiguieron 149 libertades por compurgamiento de pena mínima, por recomendación directa de la UESP a los diferentes juzgados del país.
Los expedientes fueron procesados desde las mesas de trabajo, a fin de erradicar las órdenes de capturas vigentes contra 4.352 personas privadas de libertad, sumado a un cronograma de trabajo y el respectivo control de los diferentes plazos procesales.
A más de esto, fueron decretadas medidas cautelares de carácter personal – prisión preventiva (procesados), y que los condenados cuenten con sus resoluciones de compurgamiento de condena en tiempo oportuno.
Crean oficinas judiciales regionales
También en el 2024, se presentó y socializó el proyecto de creación del Sistema Único de Gestión Penal, que busca tener un sistema integrado entre la Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa Pública, Ministerio Público y Ministerio de Justicia.
Asimismo, a iniciativa de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal fueron creadas siete oficinas regionales del Departamento Judiciales de la Policía Nacional en San Pedro, Concepción, Pedro Juan Caballero, Caaguazú, Villarrica, Encarnación y Misiones, con el objetivo de tener una mayor información en cuanto a la causa que se sigue a cada privado de libertad, informa el Ministerio de Justicia
